La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, sigue causando un fuerte ruido en miembros del ecosistema de los criptoactivos de México. De hecho, las Instituciones de Tecnología Financiera (IFA) han cobrado vigor en los últimos años debido a los problemas y obstáculos que se han superado por la aplicación de tecnologías perturbadoras, el desarrollo de productos y servicios más enfocados al público y los procedimientos más eficaces, rentables y vistosos que se han desarrollado en la industria. Por eso, la Ley Fintech es, de alguna forma, revolucionaria.
¿Cuál es el propósito de la Ley Fintech?
Esta ley posibilitará un sistema legal que rija los servicios financieros que prestan las empresas de financiación colectiva (Crowdfunding) y las entidades de fondos de pago electrónico, denominadas en su conjunto ITF (Instituciones de Tecnología Financiera), así como su operatividad, su funcionamiento y su organización.
Esto implica que otras nueve leyes, entre ellas la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Origen Ilícito (es decir, la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Origen Ilícito, PLD), se deberán modificar para que tanto su aplicación como su armonización sean coherentes, ya que permitirá que se establezca un «campo de juego nivelado» con las demás figuras que ya han sido objeto de regulación por parte de estas últimas, y que se imponga la sanción administrativa y penal a todo aquél que infrinja las normas o disposiciones legales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contará con seis meses para dictar las primeras regulaciones secundarias de la Ley Fintech y se ocupará de aprobar la operación de los nuevos FTTs. Por su parte, el Banco de México tendrá a su cargo la autorización de los activos virtuales, es decir, la representación del valor monetario que pueda utilizarse como medio de pago a través de sus plataformas.
Esta ley posibilitará un sistema legal que rija los servicios financieros que prestan las empresas de financiación colectiva (Crowdfunding) y las entidades de fondos de pago electrónico, denominadas en su conjunto ITF (Instituciones de Tecnología Financiera), así como su operatividad, su funcionamiento y su organización. Esto implica que otras nueve leyes, entre ellas la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Origen Ilícito (es decir, la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Origen Ilícito, PLD), se deberán modificar para que tanto su aplicación como su armonización sean coherentes, ya que permitirá que se establezca un «campo de juego nivelado» con las demás figuras que ya han sido objeto de regulación por parte de estas últimas, y que se imponga la sanción administrativa y penal a todo aquél que infrinja las normas o disposiciones legales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contará con seis meses para dictar las primeras regulaciones secundarias de la Ley Fintech y se ocupará de aprobar la operación de los nuevos FTTs. Por su parte, el Banco de México tendrá a su cargo la autorización de los activos virtuales, es decir, la representación del valor monetario que pueda utilizarse como medio de pago a través de sus plataformas.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los ITFs, que en México suman 160, ya han hecho operaciones de crédito que sobrepasan los mil millones de pesos en créditos y tienen cerca de 540 mil usuarios, por lo que su orden era necesario y urgente para su sano desarrollo. Cerca del sesenta por ciento de la población no tiene acceso a productos bancarios y México se ubica en el cuarto lugar en cuanto a inserción financiera en América Latina, de acuerdo con los registros del Banco Mundial.
No obstante, de 2013 a 2017 la mayor tasa de crecimiento en el número de usuarios de Internet se registró en la población de bajos ingresos, con un promedio anual del 37%, pasando de 3,6 millones de usuarios a 12,7 millones de usuarios. La tutela que la ley ofrecerá a los usuarios permitirá a la nueva generación de servicios financieros ofrecer mejores oportunidades para gestionar sus recursos, fortalecer sus finanzas personales y aumentar su patrimonio a través de un mayor conocimiento y accesibilidad, a través del teléfono móvil y de Internet. Una de las principales y más importantes bases de la regulación secundaria publicada en el DOF, tiene por objeto atenuar el peligro de fraude, los ciberataques que perjudican la información de los usuarios, brindar una mayor transparencia y divulgación de la información por parte de la ITF, la solidez de las plataformas y ayudarles a que cuenten con una política de prevención de legitimación de capitales, y con un plan de continuidad de la actividad empresarial. Los usuarios tendrán mayor seguridad, confianza y tranquilidad a la hora de adquirir productos y servicios financieros de empresas que operan bajo un marco legal. Por otra parte, posibilitará la identificación y el detonaje de industrias o sectores de la población olvidados, así como de las plataformas de crowdfunding inmobiliario, que han ido afianzando paulatinamente el sector a través de la financiación colectiva para el fomento de los emprendimientos inmobiliarios.
Antes, para poder participar como inversionista en el sector inmobiliario era necesario contar con grandes cantidades de dinero y experiencia, pero ahora un segmento mayor de la población puede acudir a este tipo de plataformas, recibir consejos e invertir en montos más accesibles; obtener retornos de hasta un 20% anual de una inversión de 50,000 pesos mexicanos con el respaldo de este sector, antes de que se agregara al ITF, todo eso resultaba difícil de considerar.
La Ley de Fintech en México está fijando pautas no sólo en temas legales en el país, sino para toda la región, lo cual demuestra que este asunto fue tratado en la última Cumbre de la Alianza del Pacífico, en donde los países implicados (México, Perú, Colombia, Chile) consensuaron guiarse y tomar como pauta las buenas prácticas de los pasos que se dan en el marco de la Ley de Fintech, para comenzar a formalizar el FTT en la región.