Ramiro González es un fiscal federal argentino con más de cuarenta años de trayectoria en el Poder Judicial de la Nación. Desde sus funciones actuales en el Ministerio Público Fiscal, se ha desempeñado en casos de alta complejidad penal, principalmente relacionados con el medio ambiente y materia electoral, con un enfoque marcado en la defensa de la legalidad, los derechos humanos y el funcionamiento institucional del Estado.
Su desempeño incluye investigaciones sobre criminalidad organizada, narcotráfico y trata de personas. Ha liderado investigaciones por narcotráfico de gran escala, como el tráfico transnacional de marihuana desde Paraguay que resultó en incautaciones superiores a las 13 toneladas de droga.
También dirigió investigaciones sobre operaciones delictivas dentro del sistema penitenciario federal, como en un caso que se dio en el ámbito del complejo carcelario de Devoto, donde fueron enviados a juicio 49 acusados tras el secuestro de drogas, armas y elementos de seguridad adulterados.
En materia de trata de personas, ha dirigido procesos contra redes organizadas que captaban y sometían a menores para su explotación sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, intervino en múltiples causas de secuestros extorsivos, logrando rescatar numerosas víctimas en distintos puntos de la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Su actuación también alcanzó resonantes hechos de corrupción y fraude financiero.
Entre ellos, se encuentra la imputación de directivos de la CONMEBOL (acrónimo de Confederación Sudamericana de Fútbol) por lavado de activos ligados a derechos de transmisión. Parte integrante de la FIFA, se trata de un organismo fundado en 1916, que tiene a su cargo la organización del fútbol en toda América del Sur, incluyendo la responsabilidad de organizar los principales torneos de Sudamérica, como la Copa América, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.
También tuvo a su cargo la investigación por una estafa millonaria contra la empresa Mercado Libre, y participó activamente en la investigación que luego derivó en el juzgamiento de los responsables de la llamada «tragedia de Once», en la que se investigó por administración fraudulenta a miembros de la empresa concesionaria del servicio ferroviario.
La “tragedia de Once” fue un accidente ferroviario que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2012, ocasión en la que un tren de la línea Sarmiento, operado por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), no logró detener su marcha al llegar a la estación de la terminal Once de Septiembre, colisionando violentamente contra los paragolpes de contención del segundo andén número 2.
Como consecuencia del impacto, murieron 52 personas, y casi otras 800 resultaron heridas. La investigación judicial y los juicios posteriores determinaron que la tragedia fue consecuencia de una combinación de factores, principalmente la falta de mantenimiento de los trenes y la corrupción en la administración de la empresa ferroviaria, condenándose en consecuencia a directivos de la empresa y a dos exsecretarios de Transporte de la Nación a penas de prisión.
En otra línea de trabajo, en el área ambiental, a través de la UFIMA ha impulsado causas que también derivaron en condenas por contaminación de aguas y suelos, como en el caso del basural clandestino conocido como «La Quema» en la Ruta 9, o por vertidos industriales en arroyos de la cuenca Matanza-Riachuelo.
También, como fruto de sus investigaciones, se lograron condenas por contrabando agravado de residuos peligrosos realizado a través de documentación falsa, en infracción a la Ley N.º 24.051 y el Convenio de Basilea.
Su enfoque en derechos humanos se ha manifestado en el impulso del juzgamiento en Argentina de crímenes cometidos durante el franquismo y la última dictadura militar, así como en la defensa de la libertad de expresión ante denuncias presentadas por funcionarios contra periodistas. En materia de género, ha promovido una mirada transversal que contempla desde casos de trata de mujeres hasta situaciones de violencia institucional.
¿Cuál es la función de un fiscal federal en el sistema judicial argentino?
En el sistema judicial de Argentina, el fiscal federal cumple un rol técnico y autónomo dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, una figura cuyo marco normativo se encuentra delineado por el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica N.º 27.148. Su tarea principal es la de promover la acción penal pública ante la comisión de hechos que constituyan o tengan la potencialidad de constituir delitos de competencia federal. Esto implica que actúa como representante del interés público en el marco de un juicio justo, velando por la legalidad de todo el proceso. Su actuación se rige por principios de objetividad, legalidad y responsabilidad institucional.
La trayectoria y las funciones del fiscal Ramiro González sirven como una referencia práctica para comprender en qué consiste concretamente esta función.
¿Qué tipo de delitos investiga y cómo lo hace?
La competencia del fuero penal federal, en el que actúa el fiscal, se activa frente a delitos que afectan bienes jurídicos colectivos, involucran a la administración pública nacional o tienen un impacto que trasciende las jurisdicciones provinciales.
Entre los delitos más comunes de esta competencia se encuentran el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero, los hechos de corrupción, el contrabando, la trata de personas y las amenazas contra instituciones del Estado.
Para investigarlos, el fiscal federal tiene la dirección funcional de las fuerzas de seguridad. Puede, por ejemplo, requerir al juez competente la realización de allanamientos, detenciones, pericias técnicas, informes patrimoniales o intervenciones telefónicas.
Su objetivo es reunir prueba lícita y suficiente para poder formular una hipótesis de acusación con una base legal y fáctica sólida. En caso contrario, de no encontrarse prueba suficiente acerca de la comisión de un delito, o en caso que el delito hubiera existido pero no pudiera ser efectivamente imputado a una persona concreta, la investigación se cierra y se ordena el sobreseimiento -o falta de mérito- de los eventuales imputados.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre un fiscal federal y un juez federal?
Esta distinción es central en el sistema de administración de justicia, siendo sus roles muy diferentes.
Si bien ambos velan por el bien común y son los encargados de que la ley se respete, y en el caso de los federales, los dos actúan en el fuero extraordinario (por contraposición al ordinario, donde se persiguen los delitos comunes), el fiscal federal no posee “jurisdictio”, es decir, el poder de decisión jurisdiccional. En otras palabras, no es quien juzga un hecho ni dicta sentencias.
Así, su función no es resolver sobre la culpabilidad o inocencia de un imputado, sino la de impulsar el proceso penal desde la investigación de los hechos, ordenando el proceso a la determinación de un posible culpable, y formular la acusación cuando considera que existen pruebas para ello.
La decisión final sobre el caso recae exclusivamente en los jueces, federales si el delito que se persigue e investiga tiene ese carácter de “federal”.
En este sentido, un delito será “federal” cuando afecte directamente intereses del Estado Nacional. Ejemplo de ello son los delitos de narcotráfico, contrabando, trata de personas, falsificación de moneda, etc. Por el contrario, será “común” u “ordinario”, cuando su comisión afecte los intereses de las personas o la seguridad pública dentro de una provincia (ej. robos, homicidios, lesiones). Estos delitos son investigados y juzgados por los tribunales ordinarios, en su caso por los de cada provincia.
Por último, cabe poner de resalto que uno de los pilares fundamentales de la función de los fiscales es su autonomía funcional. El Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente que no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, lo que garantiza que el fiscal decida su estrategia procesal únicamente conforme a la ley, la evidencia reunida y el interés general que representa.