Guillermo “Guillo” Garat llegó a la vicepresidencia de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF en diciembre de 2023. No es una función menor, ya que desde ese lugar se decide qué medios, productoras, consultoras e influencers reciben publicidad de la petrolera bajo control estatal.
En Move Group comparte sociedad con Santiago Caputo, asesor presidencial e integrante del llamado “triángulo de hierro”, y con Rodrigo Lugones. La consultora participó en la campaña de Javier Milei. La firma fue creada en 2008 como Opinión Confidencial SRL, la filial argentina del grupo de Jaime Durán Barba. Luego pasó a llamarse Green Consult.
El cambio de nombre llegó después de 2011, cuando la jueza María Servini procesó a Garat, Lugones y Durán Barba por una campaña de llamados telefónicos automatizados con datos falsos contra el entonces candidato Daniel Filmus. La causa pasó a la Justicia porteña y terminó sin condena.
El ascenso a la Rosada
El 22 de junio de 2026, el Gobierno designó a Fabián Fernández secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, en reemplazo de Javier Lanari. Locutor de 35 años que había trabajado ocho años en la Municipalidad de Lanús y hasta pocas semanas antes dependía de Garat como director de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas de YPF.
El dato quedó casi fuera de los despachos sobre la designación. El nuevo secretario de Comunicación de la Nación proviene del área que administra la principal caja publicitaria del Estado, mientras quien conduce esa estructura permanece en su cargo.
Una caja sin transparencia pública
El Gobierno inició su gestión con la promesa de eliminar la pauta oficial. En la práctica ocurrió algo distinto. El gasto dejó de concentrarse en el Poder Ejecutivo y pasó a empresas bajo control estatal, sujetas a menores niveles de exposición pública.
Los propios balances de YPF muestran el aumento. En 2023, último año de la gestión anterior, el gasto en Publicidad y propaganda fue de $31.749 millones. En 2024 trepó a casi $97.100 millones. Agustín Espada calculó que, descontada la inflación, el crecimiento rondó el 40%.
La pauta de YPF se diferencia de la de Presidencia no solo por el volumen de dinero, sino también por la falta de información pública. No depende de la Secretaría de Comunicación, no figura en un portal de transparencia y tampoco se conocen los medios beneficiados, los criterios utilizados ni cómo se controló el reparto.
Chequeado reclama desde hace tiempo que la empresa informe a dónde fueron esos fondos. Aunque el organismo de acceso a la información se lo reclamó, YPF nunca dio explicaciones de cómo repartió esos fondos. Rechazado el planteo en primera y segunda instancia y ahora aguarda que la Corte Suprema acepte revisarlo.
Comisiones de dos dígitos
Parte de la pauta de YPF pasa por consultoras y agencias antes de llegar a los medios. La Política Online informó que esas intermediarias cobran comisiones de entre el 13% y el 17,5% sobre el monto contratado.
Sobre una masa anual de decenas de miles de millones de pesos, esas comisiones representan un negocio considerable cuyos beneficiarios finales no figuran en un registro público unificado.
El dato es relevante aun sin presumir que exista una ilegalidad. Alcanza con la aritmética: el Estado paga una comisión de dos dígitos por intermediar publicidad que podría contratar de forma directa, en un esquema que no rinde cuentas.
El riesgo Burford
En el juicio por la expropiación de YPF que tramita en Nueva York, Burford Capital sostiene que la petrolera funciona como una extensión del Estado argentino. Si el tribunal acepta ese argumento, los activos de YPF podrían quedar expuestos a medidas de ejecución.
Ante la justicia estadounidense, YPF afirma que es una entidad separada del Estado. Sin embargo, el uso político de su pauta y la falta de transparencia pueden respaldar la postura contraria.
El manejo de esa caja supone un riesgo económico que no figura en el balance.
El futuro del caso dependerá de tres factores. El primero se juega en la Justicia. Tras perder en primera y segunda instancia —la Cámara consideró que YPF no está alcanzada por la ley de acceso a la información por ser una sociedad anónima con oferta pública—, Chequeado presentó el 13 de julio un recurso de queja ante la Corte Suprema. Es el último recurso para que la Corte Suprema revise si YPF está obligada a revelar cómo distribuye su pauta publicitaria.
El segundo factor es la permanencia de Guillermo Garat en la empresa. En julio, el decreto 581/2026 quitó al sector ligado a Santiago Caputo el control de Enacom, Arsat y Correo Argentino, aunque el oficialismo niega que eso implique una pérdida de poder.
El tercero son los balances trimestrales, la fuente pública más directa para seguir cómo evoluciona el gasto en publicidad y propaganda.
