Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, puso el foco en la baja de retenciones al crudo convencional, revisó los proyectos que buscan ingresar al RIGI y adelantó las licitaciones destinadas a ampliar la infraestructura energética en los próximos años.
Antes de coordinar las secretarías de Energía y Minería, Daniel González se pasó la carrera del otro lado del mostrador.
Su entrada al mundo energético fue por las finanzas. Graduado en Administración de Empresas en la UCA, comenzó en Transportadora de Gas del Sur a principios de los noventa. Después se incorporó a Merrill Lynch y permaneció allí quince años, hasta que el banco pasó a formar parte de Bank of America.
Llegó a YPF como director financiero poco después de la expropiación de 2012. Desde ese lugar se ocupó de recomponer la relación con los mercados y recuperar el acceso al financiamiento internacional. En 2018 fue elegido CEO y condujo la empresa hasta abril de 2020.
Después de IDEA, volvió a la gestión pública. Desde julio de 2024 reporta a Luis Caputo, coordina las dos secretarías y lidera el comité que analiza los proyectos del RIGI. En el fondo, sigue haciendo lo mismo: traducir el potencial argentino en una valuación creíble.
La agenda energética argentina dejó atrás la administración de la escasez y comenzó a enfocarse en cómo orientar las inversiones. González ordenó la agenda del sector alrededor de cuatro ejes: la presión fiscal sobre el crudo convencional, el ingreso de nuevas compañías a Vaca Muerta, los obstáculos regulatorios que frenan al cobre y las licitaciones de infraestructura que vienen.
Costos elevados condicionan un tercio de la producción
El acuerdo suspende los derechos de exportación sobre el petróleo convencional bajo el escenario vigente de precios. La propuesta procura dar alivio a una actividad estratégica con menores márgenes que el no convencional.
«Son desarrollos bastante viejos que tienen un corte de agua muy alto», explicó González. Son yacimientos con más de un siglo de actividad. A medida que cae la producción, el costo por barril aumenta, aun cuando los gastos operativos se mantengan estables. A eso se sumó la baja del precio del crudo, que golpeó las cuentas de las compañías y redujo la recaudación provincial por regalías.
El esquema permite que las operadoras y las provincias definan cómo distribuir la mejora de rentabilidad, con la mira puesta en sostener la inversión y el empleo. La medida comprende a Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza y parte de La Pampa.
Un dato relevante para el análisis corporativo: los beneficiarios principales no son las majors. El funcionario remarcó que el beneficio alcanza principalmente a compañías de menor tamaño. El no convencional capta la mayor parte de la inversión de las grandes compañías por su mejor rendimiento. El petróleo convencional quedó principalmente en manos de empresas medianas que, aunque manejan grandes volúmenes de facturación, tienen una escala menor dentro del sector y son empleadores clave en varias provincias.
Vaca Muerta: récord histórico y nuevos entrantes
La producción de petróleo alcanzó en octubre de 2025 su mayor nivel histórico. Según González, el regreso de las inversiones se combina con una productividad superior en los pozos no convencionales argentinos frente a desarrollos similares de Estados Unidos.
La formación produce algo más de 500.000 barriles por día y, según González, todavía está lejos de su techo. La entrada de Continental, una empresa que abrió camino en el shale estadounidense, reforzó la idea de que la percepción internacional está cambiando.
El Gobierno considera que el offshore aún está dando sus primeros pasos. Pese a que el único pozo en aguas profundas resultó improductivo, YPF y otras operadoras siguen adelante con la exploración. González planteó que la discusión no es offshore sí u offshore no, sino qué reglas y controles deben acompañarlo. Noruega, señaló, demuestra que la actividad puede desarrollarse con exigencias ambientales.
Una reforma aún pendiente
El capítulo minero tiene un condicionante normativo claro. Para González, la reforma de la ley de glaciares es un paso necesario para destrabar el desarrollo del cobre. La propuesta busca dejar atrás la prohibición general y dar mayor margen de decisión a las provincias, que son las titulares constitucionales de los recursos. «El cobre en Argentina es otro Vaca Muerta», sintetizó.
El interés internacional ya se tradujo en adquisiciones de grandes mineras. Mientras Glencore avanzó con dos proyectos de cobre a gran escala, BHP y el Grupo Lundin todavía esperan una reforma que permita incorporar Vicuña al régimen de incentivos. San Juan se perfila como uno de los destinos de grandes inversiones durante la próxima década.
RIGI: 28 proyectos presentados, nueve aprobados
De las 28 iniciativas ingresadas al régimen, nueve ya fueron autorizadas. El reparto es casi parejo entre proyectos mineros y energéticos, con una excepción siderúrgica y otra vinculada con la logística.
El proceso de aprobación involucra a la unidad sustantiva del área competente, consultas al Banco Central, la Procuración del Tesoro y organismos de competencia, y culmina en un comité evaluador integrado por ocho funcionarios. El funcionario aceptó que los plazos podrían reducirse, aunque justificó la demora por el nivel de revisión.
